La interpretación jurada implica una gran responsabilidad ya que un traductor e intérprete jurado es fedatario público por su capacidad para certificar documentos. Por ello, requiere un alto grado de especialización en el ámbito jurídico. Para poder ejercer como tal, el intérprete tiene que haber sido habilitado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y estar por lo tanto registrado en su listado de intérpretes jurados.
Este tipo de interpretación se solicita en ciertos tribunales y juzgados así como en otros organismos oficiales, como por ejemplo el Registro Civil. Aunque no sea obligatorio en la mayoría de audiencias judiciales, da cierta garantía de que el intérprete tenga conocimientos jurídicos.
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